En los últimos años, Baleares ha sido la comunidad donde más ha aumentado el precio de los inmuebles, tanto para la compra como para el alquiler, lo que ha generado problemas de acceso a la vivienda en las Islas. Ahora el Govern de Prohens intenta paliar este desequilibrio a través de una batería de nuevas medidas.
Los datos son demoledores, según las conclusiones del estudio del Observatori Social de Balears, “Habitatge i exclusió residencial a les Illes Balears”: el precio de la vivienda es la principal causa de exclusión social en el archipiélago. En Baleares se encuentran las viviendas y alquileres más caros de España y buena parte las personas que allí residen tienen serias dificultades para poder asumir este gasto, de tal manera que algunos se ven resignados a vivir en infraviviendas. La fuga de médicos, funcionarios o especialistas en distintas ramas laborales es una de las consecuencias de esta dinámica que afecta, sobre todo, a Palma de Mallorca e Ibiza.
Según el Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Baleares tiene el mayor volumen de personas que viven en régimen de alquiler, un 30% de la población, cuando la media estatal se sitúa en un 18,1%. El precio medio que cuesta un alquiler está en 640 euros al mes, 200 euros más alto que en otras comunidades.
El Observatori asegura que la vorágine de precios puede convertir a las islas en un territorio, solo al alcance de unos pocos. Si el precio medio en España en compra-venta de vivienda se situó en el segundo trimestre del 2023 en 1.979 euros el metro cuadrado, según el INE, en Baleares el metro cuadrado ascendió a 3.214, uno de los precios más altos de España. Es, además, junto con Canarias, la comunidad que registra el mayor volumen de compra de inmuebles por parte de extranjeros, superando en ambas el 30%. También es, junto con las Canarias, Catalunya y Madrid, la que realiza una mayor venta de propiedades de menos de 40 metros cuadrados. Es decir, viviendas pequeñas que se destinan al alquiler vacacional a un precio muy alto y enfocado a personas extranjeras.
El informe concluye alertando de los peligros y el impacto de la especulación salvaje en el mercado inmobiliario balear. Según los datos del INE, en 2008 había en las Islas 3.775 empresas inmobiliarias, mientras que en 2022 llegaron a los 7.732 negocios.
Soluciones eficaces y rápidas
La situación la de la vivienda en Baleares demanda, por tanto, acciones y que las instituciones apliquen soluciones eficaces y rápidas. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023 propone un límite en el incremento del precio del alquiler del 3% para 2024; rebaja la consideración de gran tenedor a los propietarios de 5 inmuebles y permite que comunidades como Baleares limiten el precio de los alquileres en las denominadas “zonas tensionadas”. El Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, considera que la Ley de Vivienda estatal es insuficiente para solucionar los problemas de la vivienda de esta comunidad y ha presentado su propia propuesta. En este sentido, el Consejo de Gobierno autonómico aprobó el pasado mes de octubre el Decreto ley 6/2023 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de vivienda cuyo objetivo es aumentar la oferta de inmuebles a precios asequibles y facilitar el acceso a la vivienda.
El Govern quiere actuar también contra el alquiler turístico irregular y “reforzar la lucha contra la oferta ilegal, la actividad clandestina y el intrusismo en el alquiler turístico de viviendas, con el fin de poder devolver al mercado residencial viviendas que se destinan de manera no autorizada a un uso turístico”. Para ello ha dotado a la inspección turística competente de la facultad de adoptar medidas provisionales para la paralización de la actividad ilegal en el ejercicio de las estancias turísticas en viviendas. Dentro de los procedimientos sancionadores, se establece como nueva medida provisional la clausura temporal del establecimiento o de la vivienda de uso turístico.
Prohens también ha anunciado el lanzamiento de una Oficina de Defensa de las Víctimas de la Okupación ilegal con un presupuesto de un millón de euros que ofrecerá un plan de ayudas asistenciales y económicas, y destinará tres millones para el plan “alquiler seguro” que buscará garantizar a todos los propietarios tanto el cobro de las mensualidades en caso de impago como la reparación de los desperfectos que se hayan ocasionado.
Viviendas de precio limitado
Una de las medidas más destacadas que ha puesto en marcha el Govern de Marga Prohens en materia habitacional, ha sido impulsar el desarrollo de viviendas de precio limitado (HPL), inmuebles cuyo coste no es libre de mercado, sino que lo determina la Administración tanto para la vivienda en propiedad, como en régimen de alquiler.
El modelo de HPL limita los precios de las viviendas ya construidas a cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 240.000 euros para pisos con una superficie de entre 60 y 80 metros útiles. En el caso de obra nueva, la cuantía se establece entre los 120.000 euros y los 285.000 euros. Por lo que respecta a los alquileres, el precio de los inmuebles se fija entre los 385 euros y los 905 euros. En el caso de arrendamiento de obra nueva la cuantía bascula entre los 455 euros y los 1.000 euros cuadrados. Para acceder a estas viviendas, los potenciales beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, ser mayor de edad, tener la residencia permanente en Baleares, no ser propietario de pleno dominio de otra vivienda y que la nueva vivienda sea su domicilio habitual y permanente.
Estas viviendas deben cumplir varias características como tener una superficie útil de un máximo de 90 m2, que se puede destinar a uso propio, a la venta, al alquiler o al alquiler con opción a compra; y pueden mantener su condición de HPL de manera permanente. Se permiten las transmisiones de propiedad y uso en cualquier momento, mientras se cumplan las condiciones de acceso exigidas. La efectividad, el control y la información pública de estas viviendas se controlará a través de un Registro autonómico de viviendas de precio limitado, “con carácter administrativo, autonómico y público”.
Nuevas tipologías residenciales
El Govern de Prohens quiere también fomentar el alojamiento en espacios comunes complementarios (‘coliving’ y ‘cohousing’), una tipología residencial que da respuesta a nuevos modelos de convivencia (por ejemplo, para estudiantes o para personas de la tercera edad). Además, desvincula la situación urbanística de una edificación existente de sus condiciones de habitabilidad, para facilitar la concesión de cédulas de habitabilidad a las viviendas que cumplan estas condiciones, con independencia de la situación urbanística, que seguirá el régimen establecido en la Ley de urbanismo del archipiélago.
Para incrementar la oferta de viviendas disponibles en las Islas el Govern incluye la posibilidad de transformar locales comerciales, de oficinas e instalaciones turísticas obsoletas en viviendas a precio limitado; también se permite la división de inmuebles para transformarlos en varias residencias de menor tamaño, siempre que la media no baje de 60 metros cuadrados; se podrán levantar nuevas edificaciones con pisos con menos metros cuadrados de los previstos inicialmente y contempla la posibilidad de aumentar las alturas tanto en edificios ya existentes como de nueva construcción, también con un precio que deberá ser inferior al de mercado. El plan contempla, así mismo, la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para levantar vivienda protegida.
Todas las anteriores son medidas de reciente aprobación y todavía habrá que esperar para ver su incidencia en los precios del mercado y sus efectos sobre el problema del acceso a la vivienda en Baleares.
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