El CEO de Anticipa-Aliseda, Eduard Mendiluce, ha defendido este miércoles la movilización del suelo privado para desarrollar vivienda social para solucionar el déficit de este tipo de vivienda en España y los problemas de accesibilidad de los sectores más desfavorecidos.
Así lo ha trasladado durante la clausura de la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, ‘Ley de Vivienda un año después: avances y retos’ celebrada en Madrid, donde representantes del Gobierno y del sector privado inmobiliario han coincidido en la necesidad de colaborar para lograr una mayor eficacia en la gestión que garantice el acceso a la vivienda, poniendo el foco en el alquiler.
Mendiluce considera urgente “movilizar el parque de suelos privados; el público ya se hace, pero es el que es y el problema es que no nos salen los números”.
También ha hecho un llamamiento a movilizar el parque de vivienda existente, vacío y no vacío; todo ello, para solucionar los dos grandes problemas: “La falta de oferta y la sobrecarga en el pago de la vivienda, un eufemismo que esconde casos de vulnerabilidad”, pues ha recordado que el 45% de los alquileres genera problemas a las familias, según datos del Banco de España.
Ha abogado por que los sectores público y privado –“hay que acabar con la desconfianza mutua”– se sienten a estudiar la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar una seguridad jurídica que se ha visto vulnerada por los cambios de criterio, dice, y asegura que el límite de actualización de alquileres que ha propuesto el INE “es una oportunidad”.
Una tramitación legislativa rápida, un plan de vivienda, apoyo presupuestario e incentivos fiscales para los promotores son las medidas que se deben aplicar, según Mendiluce.
La sesión ha empezado con la bienvenida de la presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni y directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet, que atribuye el déficit de vivienda en España –cifrado en un millón de viviendas– a “políticas inconexas, oscilaciones en la regulación, una visión a corto plazo y un gasto público bajo”.
Ha celebrado la creación de un Ministerio de Vivienda y de una nueva ley para garantizar el acceso a la vivienda digna, “pero esta ley descarga mucho en el sector privado los importantes costes, y hay medidas que no van a conseguir la equidad; generarán un efecto contrario”.
Por eso, ha defendido “una mirada larga y estable: esto no va de regular a cuatro años, sino de un plan a largo plazo ambicioso”.
La introducción ha corrido a cargo del vicepresidente de la CEOE y Chairman of the Board Rothschild & Co Spain, Íñigo Fernández de Mesa, que, tras analizar la situación económica internacional, se ha referido a las perspectivas del sector inmobiliario español, que a su juicio son positivas.
“Todavía no suben los visados, pero el consumo privado puede darse la vuelta gracias a la bajada de los tipos y el ahorro. Hay necesidad de hacer nuevas viviendas para cubrir la demanda embalsada que hay, por lo que el gasto público y recuperar los niveles de hace 15 años es un factor fundamental”, ha dicho.
Fernández de Mesa considera que la Ley de Vivienda presenta aspectos deficientes, como la reserva del 30% a vivienda protegida que “hace poco rentable la promoción”, y ha avisado de que el alquiler social, por el que se ha apostado en el resto de Europa “debe ser desarrollo parte del sector público, pero el privado también debería implicarse”.
Después ha tenido lugar una mesa redonda con el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez; el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Carlos Ruiz, y la presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza, moderados por la periodista de El Confidencial Ruth Ugalde.
Ruiz (IEE) ha asegurado que la nueva ley “no responde a las necesidades. Falta un fomento de la oferta y de la colaboración público-privada para favorecer el acceso de colectivos vulnerables”, y ha enmarcado su aprobación en un exceso de regulación que está tensionando los precios.
A su juicio, las medidas fundamentales son disponer de más suelo, mejorar los procesos de gestión y más coordinación de las distintas administraciones, y ha abogado por favorecer un parque de vivienda pública destinado al alquiler.
“Mejorar la eficiencia del gasto público destinado a la vivienda y la vía de colaboración público-privada favorecerían que ese gasto fuera más eficiente”, ha añadido.
Para Beunza (Asval), “lo importante ahora es cómo se desarrolla la ley y que exista colaboración entre el sector privado con las administraciones”, para lo que ha pedido la representación de todos los agentes en los órganos de decisión.
Ha dicho que la regulación, inspirada en las directrices europeas, apuesta por la transparencia, pero también considera necesario agilizar los procesos, una mayor flexibilidad y todo el suelo público a disposición de las políticas de vivienda.
“No tenemos un parque de vivienda de alquiler asequible, a diferencia de otros países. Falta esa pata fundamental. Los avales del ICO son positivos, pero se debe generar ese parque público”, ha dicho.
Menéndez (Ministerio) también ha apostado por fórmulas de colaboración “que den voz al sector” y ha defendido agilizar la gestión para que la concesión de visados más rápida.
También se ha referido a la Ley del Suelo, que el Gobierno tuvo que retirar ante la falta de mayoría parlamentaria: “Esperamos que la Ley del Suelo se apruebe para disponer de más suelo con garantía jurídica y gestión eficiente, pero no todo se resuelve en una hora”, ha dicho el subdirector de Política y Ayudas a la Vivienda.
La regulación catalana también ha sido analizada por los ponentes, que han coincidido en cuestionar su eficiencia.
La ley estatal establece precios máximos y mínimos en toda España para una vivienda a partir de las características de la misma, mientras que la Generalitat defiende un índice con una cifra única, por lo que en mayo presentó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el tope a los alquileres aprobado por el Gobierno.
Según Anselmo Menéndez, la regulación catalana “es un error” porque es necesario abordar esos topes de forma individualizada y no generalizar, mientras que Beunza (Asval) ha criticado una sobrerregulación en la que ha coincidido Ruiz (IEE).
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