La Audiencia Nacional iniciará el próximo 26 de mayo el juicio oral del caso conocido como “Operación Drake”, sobre un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos entre 2016 y 2019
Entre las empresas citadas aparece Hafesa Energía, operadora que, a pesar de su aparición en el sumario, no ha sido sancionada ni administrativa ni penalmente, y mantiene en vigor todas sus licencias operativas. Además, desde 2019 ha multiplicado por cinco su volumen de negocio, consolidándose como un actor clave en el mercado energético español.
Según publica el diario Crónica Global, la compañía considera que se está incurriendo en un quebranto a su derecho de defensa, ya que sus abogados vienen denunciando desde hace dos años que hay grabaciones perdidas, transcripciones incompletas y pruebas sin acceso, lo que significa una vulneración flagrante del proceso justo.
El artículo 588 ter i de la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantiza el derecho de todas las partes a acceder a las grabaciones y transcripciones completas realizadas por las fuerzas de seguridad, una vez alzado el secreto de las actuaciones. Por lo tanto, según advierten fuentes jurídicas, este derecho ha sido claramente vulnerado en el caso de Hafesa.
La información de Crónica Global desvela que desde 2022, los abogados de la compañía han reclamado sin éxito la entrega de las Intervenciones de las comunicaciones telefónicas completas realizadas por la UCO; las transcripciones íntegras de las intervenciones de las comunicaciones desde 2018; y los soportes digitales supuestamente disponibles en la Plataforma Cloud del Ministerio de Justicia, que no han podido ser consultados por defectos técnicos o por falta de correspondencia con los oficios originales.
De hecho, en septiembre de 2022 un acta oficial del notario Pedro Lecuona Ortúzar dejó constancia de que no existían ni las grabaciones originales ni las transcripciones completas de las conversaciones telefónicas atribuidas a miembros del entorno empresarial de Hafesa.
Tanto el Ministerio de Justicia, como la Guardia Cilvl como la Audiencia Nacional han reconocido que algunas pruebas reclamadas no están disponibles, tienen errores o han desaparecido.
Por ejemplo, el febrero de este año el Ministerio de Justicia reconocía oficialmente que faltaban 3 DVD críticos con grabaciones y 1 CD conteniendo las transcripciones más relevantes de las conversaciones referidas en el oficio de fecha 08 de octubre de 2018.
El 4 de marzo de 2025, la Guardia Civil confirmaba que uno de los DVD fue sustituido por un USB entregado en noviembre de 2024, y admite no disponer de los resúmenes de las transcripciones referidas en el oficio de fecha 08 de octubre de 2018, y que no disponen de copia.
También, el pasado 3 de abril de 2025, la Audiencia Nacional reconocía errores técnicos múltiples en la plataforma Cloud, como archivos ilegibles, errores de lectura y pendrives corruptos.
Estas irregularidades, según los juristas, afectan directamente a la integridad y disponibilidad del material probatorio, comprometiendo la capacidad de análisis de la defensa y vulnerando el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías.
La conclusión a la que llegan los expertos conocedores de la instrucción es que sería un juicio basado en pruebas incompletas en el que la defensa no tendría la misma documentación que la Fiscalía.
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